Alianzas público privadas: un motor de arranque

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@hugosantaromita

Recientemente, el índice Infrascopio 2019, que elabora The Economist Intelligence Unit cada dos años, con respaldo financiero del BID, señalaba que Chile, Colombia y Perú lideran el índice de llevar a cabo alianzas público-privadas (APP) sostenibles en América Latina. “Como conclusión, esta es una herramienta que se viene desarrollando en los diferentes países de la región, aunque se imponen muchas mejoras para consolidarlo”, señala el peruano Giancarlo Villafranqui, experto en asociaciones público-privadas, quien estuvo hace poco en Panamá invitado por Apede al Foro “Propuestas para la modernización del Estado”.

De la región centroamericana, Guatemala, El Salvador y Costa Rica son los países con las mejores condiciones para desarrollar alianzas público-privadas, seguidos de Honduras, Nicaragua y Panamá. El índice Infrascopio 2019 evalúa 23 indicadores y 78 subindicadores, tanto cualitativos como cuantitativos en materia de alianzas público-privadas (APP) en América Latina.

Para los legos en la materia, las APP son modalidades de participación privada, en las que se incorporan experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos.

El ponente hizo énfasis en la necesidad de darle impulso a esta figura para dinamizar la economía en los países de la región, y recalcó lo que señala el informe del BID, según el cual se hace necesario contar con un cuadro normativo que regule las actividades de las APP, una institución que impulse las normas de actuación, la madurez, el clima de inversión y el financiamiento. Puso como ejemplo el caso peruano, en el cual las primeras normas para la promoción de la inversión privada se dictaron en la década de los 90, y se inició un proceso de “reducción” del Estado y un cambio de mentalidad. “En la Constitución de 1993 el Estado peruano se convirtió en regulador de la economía y supervisor de las inversiones”, destaca el experto.

A pesar de los avances logrados con las APP en el Perú, señala Villafranqui, los inversionistas aún enfrentan grandes obstáculos para desarrollar sus negocios, como la falta de infraestructura, la cual impacta negativamente en la actividad productiva. “Las oportunidades de negocios surgirán en la medida en que los Estados vayan entendiendo el rol fundamental de las APP en el desarrollo de la economía”, argumenta.

En el caso peruano, lo primero que se hizo fue ordenar la normativa dispersa para tener una sola y evitar duplicidades. De esa manera, se aprobó en Perú la primera Ley Marco de APP para la generación de empleo productivo y para agilizar los procesos de promoción de la inversión privada, alineada a los estándares internacionales sugeridos por la OCDE.

Luego de ese periplo, el año pasado se aprobó en ese país una norma que regula la promoción de la inversión privada mediante las APP y proyectos en activos con lineamientos en asignación de riesgos y para la elaboración de contratos de APP. “Es lo que hemos llamado –dice- Sistema Nacional de Promoción a la Inversión Privada, que no es otra cosa que un modelo funcional encabezado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que a través de sus organismos adscritos, es el que finalmente impulsa este tipo de proyectos de inversión”.

Villafranqui mostró un modelo estructural que pudiera adoptarse en Panamá, encabezado por el MEF de ese país, como ente rector, mediante su Dirección para la Promoción de Inversiones Privadas, con el resto de los ministerios en labores de planeación y otros organismos públicos que ejecuten los proyectos a través de Comités de Inversiones. “De todo ello se desprende el Informe Multianual de Inversiones, que recoge cuáles son los proyectos que van a ser canalizados a través de APP u otra modalidad. Allí se establecen las necesidades de inversión, los montos respectivos y el costo total del proyecto”, afirma el entrevistado.

Para el sector empresarial en Panamá, las asociaciones público-privadas son contratos que, si se implementan correctamente, podrían promover el dinamismo de la economía, y disminuir al mismo tiempo la presión fiscal sobre las arcas del Estado. La Cámara de Comercio, por ejemplo, viene promoviendo desde el inicio de la administración de Varela un borrador de anteproyecto de ley que crea el Régimen de Asociación Público-Privada (APP), muy beneficioso para el país.

En Panamá, la figura de asociaciones público privadas (APP) no es nueva, incluso las concesiones son técnicamente APP; pero el régimen quiso tomar forma con un proyecto de ley que nació del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en abril del año 2011, bajo la presidencia de Ricardo Martinelli. El proyecto de ley definía las APP como contratos entre el sector público y el privado a través de los cuales se involucra al sector privado en la provisión de infraestructura y servicios tradicionalmente provistos por el gobierno.

La normativa funciona así: la empresa privada que se gana el contrato es la que financia, construye, opera y mantiene la infraestructura o presta el servicio público; a cambio, recibe pagos que pueden venir por parte de los consumidores, del Gobierno o bien de ambos, pero la iniciativa se estancó en la Asamblea Nacional hace varios años y hoy ha vuelto al tapete de la mano de la Cámara de Comercio y Apede, en momentos de la llegada del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo.

Desafortunadamente, Panamá se encuentra rezagado en comparación con otros países de la región, razón por la cual es necesario abordar el tema para beneficio de su desarrollo económico. La llegada del nuevo Gobierno es momento propicio para reiniciar los esfuerzos con el sector privado para dar forma a este tipo de asociación, entre ambos sectores y se implemente el marco institucional y normativo que permita la adecuada ejecución de proyectos bajo el esquema de las APP. Por ejemplo, el modelo que ha promovido la Cámara de Comercio, es valorado por el BID como instrumento eficaz para impulsar el desarrollo de los países de la región.

En las últimas décadas, muchos países latinoamericanos han puesto en marcha modelos de asociación público-privada para la construcción, conservación y operación de infraestructuras públicas. En un inicio, estos modelos se basaron en la concesión de obra pública para la construcción de carreteras; no obstante, a lo largo de los años, han ido perfeccionándose y su utilización se ha extendido a otras infraestructuras y servicios públicos tales como ferrocarriles, puertos, aeropuertos, sistemas de transporte masivo, hospitales, cárceles y edificios públicos, entre otros.

La realidad ineludible es que la falta de recursos fiscales para desarrollar la infraestructura en América Latina y el Caribe ha dado un impulso a la formación de asociaciones público-privadas (APP) como una opción para el desarrollo de proyectos estratégicos. Por tal motivo, el BID viene preparando su apoyo a los países de la región, que requiere invertir el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) regional en este sector, como mínimo, para alcanzar niveles de desarrollo de países como Corea del Sur o Japón.

Last modified: 16/07/2019

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