Panamá, bajo la lupa del sector privado

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Por: Hugo Santaromita

hugo.santaromita@grupopauta.net

@HugoSantaromita

La marcada desaceleración económica, aunada al más reciente ajuste del salario mínimo, es el principal factor para considerar 2018 como un año de dificultades para muchas empresas que han venido experimentando la rémora de los efectos negativos  en el ritmo de los indicadores económicos, algo que no ocurría en años anteriores y que ponen en jaque la estabilidad laboral de muchos trabajadores de cara al primer trimestre del año.

Muchas empresas están obligadas a iniciar un proceso de reestructuración en sus planillas, a la luz de las expectativas de empleo para los tres primeros meses y, según las cuales, los empresarios dejarán de contratar para reajustarse y mantener su competitividad. Antes de anunciarse el aumento, el estudio de expectativas de empleo de Manpower Panamá, señalaba que de enero a marzo se  preveía un incremento de seis por ciento en las contrataciones. Tras el anuncio, es muy probable que esas proyecciones disminuyan.

Héctor Ortega

Los retos de Capac

Esta encuesta estima que en el primer trimestre del 2018 habrá una contracción en el sector de la construcción, con un -4 por ciento en las contrataciones. Este sector, reconoce la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), no mostró los resultados esperados el año pasado en la actividad de la construcción y el sector inmobiliario.

Tradicionalmente, los indicadores de Capac mostraban que la mayor inversión del sector era privada en una proporción aproximada de un 55 por ciento versus 45 por ciento del público, incluso, hasta un 60 por ciento en sus mejores momentos. Actualmente la balanza se ha volteado y es la inversión pública la que lo lidera con el 55 por ciento. “Eso quiere decir que las obras de infraestructura que está generando el Estado son importantes para crecimiento del sector”, señala Héctor Ortega, presidente del gremio de la construcción.

Para el dirigente, las obras de infraestructura han sido como un salvavidas, pero su único problema es que no demandan tanta mano de obra como las del sector privado. “Una obra de carretera utiliza más maquinaria y apenas un  20 por ciento de mano de obra; en cambio, una edificación utiliza hasta un 40 por ciento del talento humano, y eso impacta directamente en la economía del país”, señala el directivo.

A su juicio, Capac ha tenido siempre la habilidad de reorientarse en los momentos críticos, y éste es uno de los retos para 2018. “Nos ocupamos mucho de la fuerza laboral, que representa unos 300 mil empleos, 180 directos y 120 mil indirectos”, cuantifica.

Y las cifras no mienten. Según la Contraloría General, 93 mil 813 personas, es decir, el 5 por ciento, se ven afectadas por el desempleo en Panamá, mientras que en un 3.2 por ciento bajó los contratos de trabajo hasta finales del año pasado.

Señala que el comportamiento de la industria de la construcción se mide por ciclos. Desde mediados del 2015, entró en un ciclo de decrecimiento. Eso lo demuestran  estudios y cifras estadísticas que reflejan, entre otras cosas, la merma de los metros de construcción durante el 2017, la disminución de las ventas intermediarias y el número de trabajadores ocupados, la caída de los montos en las operaciones de financiamiento hipotecario y la reducción en la producción de los principales insumos para la industria.

El 2017 terminó con muestras evidentes de una industria que decrece si se comparan con los resultados de años anteriores. Pero Ortega es moderadamente optimista y estima que aún hay un mercado importante en el sector medio y de interés preferencial, hacia los cuales hay que apuntar. No obstante, reconoce que hay una sobreoferta de proyectos de oficina, comerciales y en algo de apartamentos de lujo.

Para el directivo, el reto principal es mantener los puestos de trabajo, “para lo cual estamos haciendo todos los esfuerzos”. En su opinión, la salud del sector de la construcción es el fiel reflejo de la salud de la economía del país. “Si hay un decrecimiento en nuestro gremio, ello repercute casi de manera inmediata en los indicadores económicos nacionales”, sostiene. Considera que la fórmula es costos  más mercado, igual sostenibilidad.

En su opinión, el sector depende de muchas variables. El comportamiento macroeconómico impacta directamente sobre él. Si hay caída en el empleo en general, sin duda su impacto se verá reflejado en la construcción.

“Demandamos del gobierno realizar esfuerzos sostenidos para superar todo lo que afecte el estado saludable de la economía, las nuevas inversiones, la creación de empleos y la capacidad  adquisitiva de los panameños, que es un factor determinante para el mercado inmobiliario”, sostiene.

Señala que en la comisión de alto nivel creada el año pasado por el presidente Juan Carlos Varela se han logrado varios avances en materia de tramitología. “Son importantes las relaciones con el Estado porque es el regulador de la industria. Tenemos buena relación y creemos que podemos ir resolviendo los problemas actuales”, sostuvo.

Actualmente Capac mantiene conversaciones con el Suntracs para la discusión de la convención laboral, que sometió el pliego de peticiones en octubre pasado, consta de 153 cláusulas de las que se habían negociado 107 hasta el día de esta entrevista. “Hemos logrado avances importantes. La mayoría de lo que queda por negociar son cláusulas de impacto económico y salarial”, confirma Ortega.

Para el dirigente, no hay duda de que el incremento del salario mínimo tendrá un impacto en la mano de obra, lo que se traducirá en un aumento en los costos de construcción. La  tendencia desde el 2000 ha sido 17 años de alza. Se ha incrementado el salario mínimo legal y el convencional, lo que incide también en el aumento de los costos administrativos con impacto en el impacto final.

Afirma que el salario mínimo del sector de la construcción panameño es el más alto de América Latina, comparado con el de los países de Centroamérica, el Caribe e, incluso, Colombia y Chile. De acuerdo con los indicadores, a mediados del 2017, el salario del sector de la construcción en Colombia era de 469.83 dólares mensuales, en Chile de 651.24 dólares y en Panamá de 771.09 dólares. “El problema –dice- es que en el caso de Panamá, a mayor salario, menos productividad y mayores costos de construcción. La fórmula debería equilibrarse con formación, entrenamiento, y automatización de procesos”.

Héctor Cotes:

Ralentización

de la economía

Por su parte, para Héctor Cotes, presidente de Apede, el panameño a diario no percibe el crecimiento en la economía porque el dinero se ve generalmente en el sector comercio. “Si no lo ve en la calle, siente una especie de ralentización de los indicadores económicos”, sostiene. Para el directivo, la perspectiva para 2018 va a estar influenciada por los efectos del aumento del salario mínimo y va a provocar ajustes ineludibles en las empresas.

Para el dirigente, el agro es el sector más golpeado. El reto es ver cómo se reactiva a través de la tecnificación y capacitación, aumentando las competencias para que los aportes que se están concretando con China se traduzcan en oportunidades de exportación, de cualquier tamaño. “Lo importante es aprovechar el tamaño de China para poder competir en igualdad de condiciones”.

Espera que los acuerdos con el gigante asiático permitan la reactivación de proyectos en distintos rubros. “Debemos saber qué necesitamos para que ese intercambio sea beneficioso para Panamá, no solamente para China. El reto es aprovechar nuestra fortaleza, que está en nuestra capacidad de movimiento de carga”.

Sostiene Cotes que parte de los retos para este año está el cómo mejorar las competencias de los panameños para poder seguir creciendo sosteniblemente. “Es menester mejorar la educación, en tres bloques: el nivel básico de valores familiares, la educación en el sistema formal y las capacitaciones para cerrar las brechas en el mercado laboral, que permitan generar las competencias que requieren las empresas”.

A su juicio, mientras eso no se cumpla, habrá que recurrir al mercado laboral migratorio. “Debemos traer personas de afuera, generar transferencia de conocimiento y así crear valor a corto plazo. Obviamente todo hay que hacerlo respetando las leyes migratorias y laborales”, añade.

Se refirió también a la inconveniencia del aumento de salario mínimo como medida política, no económica, al señalar que cuando un ajuste  no está amarrado a la competitividad, el impacto de ese ajuste puede generar varias distorsiones en la economía. Puso como ejemplo, el sector bancario, donde el salario está por encima del mínimo porque hay suficiente oferta de trabajo y existen las competencias requeridas para toda la masa laboral, lo que permite que tengan ingresos superiores.

Sostiene que la economía está creciendo sólo en función del Canal ampliado y de todo el sistema de logística, pero si se mete la lupa, sólo ocurre en algunos sub-sectores como puertos y algunos operadores. “Eso significa –dice- que la inversión que se hizo en el Canal está dando resultados y es lo que está empujando el crecimiento”.

Señala que en los próximos meses las empresas tendrán que hacer los ajustes necesarios para absorber el incremento del salario mínimo a 292 mil trabajadores. Está seguro de que hay empresas que no contratarán, para tratar de ser más competitivas con lo que tienen, mientras que otras se reducirán y harán cambios estructurales, sobre todo en el sector comercio.

A su juicio, el impacto del ajuste del salario mínimo generará un aumento en la planilla mensual de 10 millones de dólares. Si se le agregan las prestaciones, entonces la cifra se eleva a 14 millones, y si se anualiza, asciende a 160 millones de dólares sólo en planilla con prestaciones. “Si sumamos otros costos como transporte o comida, la situación se complica aún más”.

Otro aspecto de vital importancia para Cotes en 2018 es evitar volver a entrar en las listas negras, que tanto afectan la imagen de Panamá. Ya se logró un buen avance luego de que la Unión Europea sacó al país de la suya. “Dependemos demasiado de las inversiones extranjeras directas. En una economía de 50 mil millones de dólares, todos los años entran unos 5.200 millones en este rubro”, destaca el entrevistado.

En su opinión, el país está haciendo esfuerzos en materia de intercambio de información financiera y transparencia. “La historia ha evidenciado que la barra siempre nos la van a querer subir, y nunca van a estar conformes con lo que hagamos. Hoy penalizan por una cosa, mañana por otra. Somos nosotros los que debemos decirles cómo es nuestro sistema fiscal”.

Sostiene que el sistema SEM es una ventaja competitiva y de gran atractivo para los inversionistas, un aspecto que no puede quedar fuera de la ecuación de sostenibilidad del país. “Nuestro régimen de zonas especiales y SEM es parte de nuestra estructura como nación, que no podemos soslayar ante ningún interés foráneo”, subraya.

Severo Sousa:

Crece el sector informal

Entre tanto, Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) coincide con Cotes en cuanto a que muchas empresas van a tener que redimensionar sus planillas por efectos del aumento salarial. A su juicio, el presidente de la cúpula empresarial afirma que la tasa de desempleo y la informalidad van a seguir creciendo como consecuencia de la cesación laboral de muchos trabajadores, lo cual cubre con un manto de incertidumbre el discurrir de la economía en los primeros meses de 2018.

“Es una tendencia que viene de 2017. Incluso, varios sectores llevan mucho tiempo decreciendo, como los de la industria y el comercio”, destaca Sousa, quien puso como ejemplo la Zona Libre de Colón, que experimenta una caída libre desde hace cinco años. Aunado a esto, el líder empresarial reconoce que ha llegado un momento en que ni los despidos son suficientes en la ZLC, porque todo el mundo está tratando de aguantar con la crisis.

El panorama de la zona franca, según Sousa, no es nada alentador, ya que hasta ahora se perdieron más de 10 mil empleos y cerraron más de 500 empresas. A su juicio, a las empresas que ya vienen en decrecimiento ya les resulta difícil reducir otros costos, con lo cual no queda más remedio que tocar la mano de obra, aunque no sea lo más fácil, sobre todo en aquellas empresas tradicionales cuyos trabajadores han pasado por programas de capacitación y se ha invertido en ellos.

Para el presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón “se alinearon todos los planetas para crear la tormenta perfecta en esta”. Recuerda que hace apenas seis años, la zona franca dependía casi exclusivamente de los mercados de Venezuela y Colombia. De Venezuela, es conocido su colapso económico, pero también hace memoria cuando en la época de Martín Torrijos se entendió que había que usar la OMC para la resolución de las sanciones impuestas por Colombia.

“Ha sido un proceso complicado. Colombia ha hecho poco, pero Panamá tampoco ha logrado suficiente. La administración de Martinelli estuvo más interesada en negociar con los vecinos un TLC, un completo contrasentido en un país que nos estaba sancionando”, rememora. Ahora, dice, hay conversaciones más formales, pero son procesos lentos, y mientras tanto, la Zona Libre fenece poco a poco.

Recuerda que el gobierno de Martinelli triplicó los costos a razón de que había muchos empresarios con dinero. “Ahora la Zona Libre necesita bajar urgentemente los costos. Apenas, al principio, se hizo una reducción, lo cual, aunque no fue suficiente, reconoce que es la primera vez que un Gobierno lo hace. Finalmente, se aprobó la Ley de la Zona Libre de Colón, pero aún no se ha reglamentado”.

En su opinión, poco puede hacer Panamá para que se restablezcan los mercados externos, como es el caso de Venezuela, pero en el de Colombia, sí se puede revertir la situación aplicando mayores medidas de retorsión, “pero hemos caído en el juego de Colombia”. Por otra parte, la Zona Libre requiere de un plan de apertura de nuevos mercados o revitalización de los ya existentes. “Para ello –dice- de nada sirve que la administración marche sola. Son los empresarios los que deben venderla”.

Sousa sostiene que el sector informal de la economía ha crecido últimamente en más del 50 por ciento, producto de la gente que ha quedado cesante o porque han visto en el emprendedurismo una alternativa de vida, pero no lo formalizan. “Lo que tiene de malo la informalidad para el país es que la gente no paga impuestos, no hay recaudación fiscal ni aportes al seguro social, pero, sin embargo, siguen usufructuando los recursos del Estado”, enfatiza.

Y fue muy claro al señalar que para los empleadores, el sector informal crea un precedente porque genera una competencia desleal. “Una persona informal que venda el mismo producto de una empresa, lo va a ofrecer mucho más económico porque no tiene obligaciones fiscales, y eso es perjudicial para la libre competencia”.

En su opinión, Panamá es un país donde predomina la pequeña empresa, donde no parece grave despedir a tres trabajadores, pero si esa empresa es de 15 trabajadores, sí se nota. “La gente sólo se fija en las grandes empresas, pero hay cientos de miles de empresas que están en la misma situación”, subraya.

El empresario no ve en este momento al sector privado hacerle frente a esos aumentos salariales, sobre todo en sectores que han debido quedar fuera, del decreto como el del comercio al por menor, al por mayor, hotelería y la Zona Libre, que son los que más problemas han acumulado en los últimos tiempos. “Lamentablemente, no hubo consenso entre las partes y el gobierno terminó ejecutando el aumento de forma más política que científica”.

Para el líder empresarial, los sectores que van a dar la cara este año en la economía son la minería y la logística. De este último, el peso lo están llevando el Canal, Tocumen y los puertos, pero sin incluir a las navieras, que andan en una severa crisis. El otro sector que a juicio de Sousa estará al frente es el de la banca, “a pesar de las listas negras”.

En su opinión, organismos como la OCDE no pueden aducir razones tan peregrinas como los call center o las zonas francas que, en el caso de Panamá, forman parte de sus ventajas competitivas y de su estrategia como país. Sin embargo, sostiene que “lo ideal por la premura en tiempos, es que el gobierno trabaje sobre una visión conjunta de país, y no de gobierno; porque la OCDE y otros no van a esperar. El Gobierno se tiene que poner de acuerdo con todos los sectores para liderar, en conjunto, acciones coherentes de negociación y acercamiento con otros mercados que nos den una solución a largo plazo”.

Sousa aplaude el acercamiento con China, misión a la cual no fue invitado por el presidente Varela, pero le parece que participó un grupo muy representativo de empresarios panameños. Reconoce ante la pregunta, que la relación del Conep con el presidente es muy poca, quien ha mantenido distancia con los gremios organizados y, muy rara vez, se ha reunido con alguno en particular.

No obstante, destaca que el organismo que preside mantiene relaciones cordiales y continuas con entidades como los ministerios de Economía y Finanzas, con el de Industrias y Comercio, con el de la Presidencia, con Mitradel, y más eventualmente, con el Mida, el Mides y el Meduca. “No se puede hacer nada en lo social si no se hace nada primero en lo económico”, finaliza.

 

Galindo:

desaceleración interna

Para Inocencio Galindo, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la economía panameña mantiene estándares razonables de crecimiento, que según el centro de estudios económicos del organismo que preside, será de 5.4 por ciento en 2018 y 5.6 por ciento para 2019. “Lo que está presentando desaceleración es la economía interna, sobre todo el sector del comercio al por menor. Es un sector al que hay que prestarle atención porque hay mucha empleomanía y uno de los que más impuestos genera en la estructura económica”, advierte.

 A su juicio, otro de los sectores golpeados es el del turismo, que ha decrecido en forma alarmante, tras un par de años sin contar con una campaña internacional, que ya comienza a reactivarse. “Si se implementa el Fondo Mixto y se pone en marcha el nuevo centro de convenciones, será un gran avance como un país de turismo de negocios”, visualiza.

Galindo también aborda el tema de la construcción e inmobiliario, el cual considera muy complejo por la sobreoferta de inventario tanto en el lado residencial como en el comercial. Sostiene que el costo de la construcción ha aumentado en líneas generales, y por alguna parte habrá que absorber ese incremento. “Ante esta desaceleración, los desarrolladores no pueden traspasar esos costos como quisieran, se achican los márgenes y surge un obligado reacomodo del sector, que provocará el cierre de algunas empresas”.

Galindo ve con buenos ojos que se aumente el límite de montos susceptibles para ser incluidos en una ley de intereses preferenciales, para que más personas puedan acceder a financiamiento más accesible, pero lamenta que el proyecto esté paralizado y que aún no se hayan tomado decisiones.

Se refirió a la necesidad de crear una alianza público-privada para un manejo eficiente de la zona multimodal del Aeropuerto Internacional de Tocumen, para atraer inversiones frescas al país. “Tocumen y el Canal son dos pilares fundamentales en el desempeño actual de la economía, sobre todo , ahora con las grandes posibilidades que nos abren las nuevas relaciones con China”, recalca.

Con respecto a China, dice, lo primero que hay que hacer es concretar la llegada de más inversionistas de ese país, muchos de ellos interesados en proyectos de infraestructura del Estado. “Ya comenzaron a ganarse algunas licitaciones, en las cuales participaban desde hace tiempo, pero por diversas razones, se quedaban en el camino”, precisa el directivo, quien agrega que este año -hasta esta entrevista- la Cámara había recibido a seis delegaciones de distintas provincias chinas.

Vinculado a China, indefectiblemente surge el tema de la agricultura, un rubro que ocupa el día a día de la Cámara, sobre todo en los aspectos de tecnología, formación y fitosanitario, donde, a su juicio, los gobiernos ya están trabajando, pero con grandes posibilidades para los exportadores panameños de productos del campo. Otro aspecto que motiva a Galindo es la posibilidad de iniciar este año un TLC con el gigante asiático, lo que incrementaría notablemente las posibilidades comerciales.

Para el agro -señala- se necesita una verdadera estrategia nacional, a largo plazo, “no paños calientes”. Para ello, Galindo y su equipo se han venido reuniendo con varios productores del campo, y el esfuerzo lo van a iniciar con el sector lechero. “Esperemos que luego de dos o tres reuniones, surja una estrategia nacional para ese sector y que luego, todo ese esfuerzo, sea replique en el resto de los sectores del agro”.

Le preocupa que no exista una política migratoria clara que permita la recepción de profesionales extranjeros que puedan ejercer sin ningún obstáculo en Panamá. A su juicio, tarde o temprano los gobiernos se van a tener que sentar con los gremios para analizar la apertura del ejercicio laboral en sectores clave para la economía. “Estudios como el del profesor Ricardo Haussmann, de Harvard, quien estuvo en Panamá, demuestran claramente los beneficios de la transferencia de conocimiento y de una sociedad laboralmente abierta”, señala Galindo, al tiempo que expresa la necesidad de impulsar la preparación de los profesionales nativos para aprovechar el crecimiento económico del país.

En torno al tema salarial, afirma que todo incremento debe ir vinculado a la capacidad y productividad de los trabajadores. “Cuánto quisiera que el salario mínimo fuese el doble, pero lamentablemente éste debe estar atado a la rentabilidad y a la preparación académica. Para eso se están impulsando las carreras técnicas en áreas prioritarias, para suplir las deficiencias de la educación pública”.

 

 

Last modified: February 21, 2018

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