Capa y espada contra el comercio ilícito

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Irene Mía es una gladiadora que lucha contra el flagelo que opera en las economías del mundo: el comercio ilícito. Sus investigaciones, al frente de la Unidad de Inteligencia de The Economist, la ponen en el ojo del huracán de esta batalla. Hace poco estuvo en el país presentando el Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito, donde Panamá aparece con muchas tareas por resolver. Pauta tuvo la oportunidad de entrevistarla.

Por: Hugo Santaromita

@hugosantaromita

Uno de los aspectos que más preocupa a Irene Mía en materia de comercio ilícito es el tráfico de personas en el mundo. A su juicio, se calcula que se trafica en el mundo con unos 58 millones de personas. Este es uno de los aspectos que más estremece a la directora de la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, quien estuvo recientemente en Panamá presentando el Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito, un evento auspiciado por el Business Council For International Understanding, encargado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit) con el objetivo de promover el conocimiento del entorno regulatorio sobre este flagelo.

Según Mía, el comercio ilícito comprende un amplio aspecto de actividades ilegales, tanto en los medios convencionales como en las redes, incluyendo el tráfico de narcóticos y de armas, tráfico de personas, crimen ambiental, entre otras. “El comercio ilícito expone al consumidor a productos de mala calidad, lo que produce un efecto negativo en el PIB, le resta ingresos por tributos a los gobiernos y pone en jaque las rutas comerciales legales”, explica la experta.

El Índice del Entorno Global del comercio Ilícito está basado en otro similar realizado en 2016. El de este año se ha centrado en las Zonas de Libre Comercio y, en su redacción, la Unidad de Inteligencia de The Economist, entrevistó a ejecutivos y expertos en todo el mundo. El documento evalúa las Zonas de Libre Comercio (ZLC) en cinco países: Colón, Panamá; Corozal, Belice; Maicao, Colombia; Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos, y Singapur, que tiene un total de nueve zonas libres.

Se cubrieron 84 países alrededor del mundo y su objetivo es hacer entender hasta qué punto las economías posibilitan o contrarrestan el comercio ilícito a través de políticas e iniciativas. Se elabora mediante cuatro categorías: políticas de gobierno, oferta y demanda, transparencia y comercio y entorno aduanero.

“Este es un informe que evoluciona con el paso del tiempo porque siempre va a existir un proceso continuo de búsqueda de información a través de organizaciones intergubernamentales. El próximo será dentro de dos años”, adelanta la especialista, quien desarrolla y supervisa grandes relaciones globales de clientes desde una perspectiva editorial, entregando contenido de alta calidad. Ella juega un papel clave en la difusión y presentación de las opiniones y el trabajo de The Economist Group ante los clientes y otras audiencias de alto nivel en todo el mundo.

El desempeño de los cinco países cubiertos en el informe, el mejor puntaje se lo lleva Singapur empatando con Estonia en la posición 24. Emiratos Árabes Unidos baja a la posición 34 y Colombia en el puesto 43, ambos en la mitad superior del índice general. Panamá sigue en la posición 54 y Belice en la parte inferior, en el puesto 77.

Mía estima que es necesario mejorar la parte institucional porque allí radica la base para evitar o mantener a raya la corrupción. “La mayoría de los países pequeños son los más vulnerables para el comercio ilícito. Es más fácil penetrar con actividades ilícitas, aunque lo más importante es la voluntad política para aplicar las leyes”.

En el informe, ningún país de América Latina aparece entre los primeros veinte. Chile es el mejor ubicado y se encuentra en el puesto 30, seguido de Colombia, Uruguay y Argentina. “La corrupción presenta desafíos estructurales para el desarrollo económico, porque puede desviar recursos del país y erosiona la efectividad del estado de derecho”, señala la investigadora, quien antes de unirse al Economist Group, fue directora y economista senior del Centro para la Competitividad Global y el Desempeño en el Foro Económico Mundial, donde también fue responsable de la investigación sobre competitividad en América Latina.

La puntuación de Panamá está severamente afectada por la categoría Transparencia y Comercio, donde figura casi última con 80. Panamá no ha aceptado ninguno de los capítulos de la Convención de Kioto. De allí que tenga cero en el indicador, lo mismo que en el de gobernanza. “La Zona Libre de Colón ha vivido carente de controles efectivos y, por tanto, con poco nivel de aplicación de las leyes”, sostiene Mía.

Según el informe, el contrabando más corriente en Colón es el de los cigarrillos y alcohol, provenientes de China, India y Emiratos, con destino a Colombia, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana. “El problema principal de las zonas libres es la mercancía de trasbordo, no la que se queda en el país”, señala la especialista. Agrega el informe que el carácter abierto de las leyes bancarias en Panamá, la dolarización de la economía y la corrupción judicial convierten al país en un centro natural para el lavado de dinero. No obstante, a pesar de los esfuerzos que realizan las autoridades, muchos casos no son procesados porque los bienes ilícitos en realidad no ingresan en territorio panameño.

“La corrupción -dice- puede facilitar el comercio ilícito en casi cualquier eslabón de la cadena de suministros, pero especialmente crítica a nivel de aduanas y en las fronteras”. Para ello, es importante estar adheridos a tratados regionales que se relacionen con la prevención y combate a la corrupción, entre ellas la Convención contra la Corrupción de la OCDE. También es importante elaborar códigos de conducta para los funcionarios previendo procedimientos disciplinarios claros y efectivos.

Advierte, además, que es necesario asegurar que las sanciones criminales para el comercio ilícito reflejen la magnitud del crimen, incluyendo el encarcelamiento, e imposición de sanciones más duras. “No hay duda de que el mercado debe operar libremente pero también debe haber un control institucional más fuerte, sino se vuelve muy peligroso”, previene Mía, quien tiene una Maestría en Estudios Latinoamericanos del Instituto de Estudios de las Américas, Universidad de Londres, y un Doctorado en Derecho Económico Internacional y Comercio de L. Bocconi.

 

“Hay que concienciar sobre el comercio ilícito. Es necesario dar a conocer sus consecuencias nocivas en la economía, la sanidad y seguridad del consumidor y el medio ambiente. Hay que hacer un frente común en la lucha contra este fenómeno”, finaliza la especialista, entre cuyos intereses se encuentran la investigación en los campos de desarrollo, comercio internacional, integración económica, innovación, TIC, competitividad y América Latina.

 

Last modified: July 23, 2018

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