Impuesto de inmueble, la manzana de la discordia

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Impuesto de inmueble, la manzana de la discordia

 

Es un tema con opiniones polarizadas. El debate sigue abierto mientras se busca reunir toda la información en una campaña de divulgación sobre un decreto que sigue suspendido y del que muchos esperan la derogación. El impuesto de bien inmueble vuelve a la mesa de discusión, parece que algo nuevo sucede, y lo cierto es que más antiguo, como antigua es la República.

 

Por: Gina Buendía

@Labuendia25

gina.buendia@grupopauta.net

 

El pago de impuestos en cualquier economía se presenta con una actitud variada de parte del ciudadano que depende de diversos factores tanto externos como psicológicos y que ocasionan niveles de recaudación no esperados y también diversos. Este problema no se limita a un asunto de restricciones legales y actividades de fiscalización, sino a la existencia de diversos factores como el desconocimiento y falta de información sobre las razones que justifican la existencia de los impuestos, la falta de moralidad ciudadana, dicen algunos, y de credibilidad en la función de asignación de los recursos financieros de manera eficiente y transparente por parte del Estado, alega la mayoría.

 

Los últimos meses han sido agitados, si nos referimos al debate del impuesto de inmueble, el decreto 130 y los supuestos reavalúos.

 

Los videos explicativos llenan las redes sociales, y una suspensión del decreto 130, que pretende la actualización e intercambio de información entre las instituciones como Anati, Municipio y DGI, no han bajado los ánimos.

 

Pero en medio de tantas opiniones, lo cierto que son muy pocos los que dominan y manejan el tema y los porqués de un decreto que no menciona nada nuevo, más allá de lo que alega el Código Fiscal panameño.

Martha Luna, abogada y experta en el tema, piensa que el trabajo de divulgación no se está cumpliendo. Es un tema y un problema del Estado a causa de la ineficacia que los gobiernos tuvieron en su momento al no darle solución a una bola de nieve que hoy es gigantesca.

 

El impuesto de bien inmueble es un gravamen que debe pagar todo el que tiene una propiedad y hay dos categorías para llegar al cálculo del impuesto, es decir, impuesto a las mejoras, y la otra categoría es sobre el valor del mismo terreno.

 

Están obligados a pagar este impuesto todos los que tengan propiedades cuyo valor exceda los 30 mil dólares.

 

“Que se incluyeron después derechos de exoneración que pueden afectar de alguna manera esa obligación, es cierto”. Dice a Pauta Martha Luna que esto es así desde el inicio de la República y los primeros registros catastrales existentes. La base para calcular el impuesto en el pasado era desde valor cero, luego se decidió exonerar los primeros diez mil balboas de una propiedad y con los años, a inicio de los noventa, se elevó a treinta mil en el gobierno de Mireya Moscoso. En ese tiempo todavía se encontraban propiedades en ese monto.

La Ley indica que se excluye de esa lista de pagos todas las fincas agrícolas con valor de hasta 350 mil balboas, hospitales, instituciones públicas, las escuelas privadas, que dependían de la cantidad de becas que ofrecían al Estado, y se les exoneraba parte o la totalidad del impuesto.

 

El inicio del problema

No es un secreto que hay un problema de recaudación de impuestos en este renglón, pero la magnitud es lo desconocido.

 

He aquí el problema. En los noventa, con el gobierno de Guillermo Endara, había unos funcionarios de la Dirección General de Catastro que estaban en el Registro Público que diariamente recibían información de los departamentos de hipotecas, traspasos, compra y ventas y cerraban su día actualizando los datos, llenaban esa información y la llevaban a Catastro para luego capturarla a través de un documento que se llamaba CUD. Con esa información, el propietario pagaría el impuesto correspondiente al nuevo valor catastral.

 

Ese proceso tomaba sus días y era un complejo, nos cuenta la abogada Luna.

 

En 1991 todo se eliminó y los puestos de esos funcionarios también, sin la debida divulgación. Desde la fecha, se esperaba que cada propietario o comprador fuera con sus escrituras a reportar algún cambio, pero eso no sucedió,  como esperaban.

 

Los cambios se daban de manera forzosa. Cuando un contribuyente necesitaba un paz y salvo a su nombre, la información en el sistema podía aparecer con errores como el nombre de un propietario anterior, o lo que es peor, con un valor distinto de propiedad y, por ende, un monto de lo adeudado que podría ser mayor a lo pensado.

Y así se ha mantenido por años, y ha sido un proceso de actualización y obsoleto con la repercusión de que muchas personas no sabían que tenían pagar impuestos de inmueble o, peor, aún pagaban montos errados.

 

Hay quienes han comprado terrenos o propiedades supuestamente libres de gravámenes y luego de años de tenerla se dan cuenta de que tienen una diferencia por pagar que no pueden pelear con el dueño anterior, pues al adquirir la finca asumen su deuda.

 

Solo de pensar que desde 1992 a la fecha hay muchos edificios nuevos, edificios viejos, que han pasado de dueño en dueño vendidos hasta cinco veces, encontramos el porqué la actualización se hace urgente.

 

La velocidad de las operaciones mercantiles no van acordes con la velocidad del fisco de recaudar la información. Esa es la verdad, y desde hace algunos años las autoridades actuales ya venían desarrollando un software para enlazar la información del Registro Púbico con ANATI y la DGI, y esa actualización es la primera causa de por qué los contribuyentes debemos ponernos al día, porque lloverán sorpresas. Y cuando el cruce de la información se haga, va a existir un malestar en la sociedad, porque la mayoría de los ciudadanos no saben estos antecedentes aquí planteados.

 

La ciudadanía no está consciente de que tiene impuestos que pagar o que sus exoneraciones se vencieron.

A veces no es culpa de los contribuyentes. Las empresas promotoras de vivienda, por otro lado, venden casas diciendo que hay exoneración de veinte años, pero hubo un lapso de la Ley entre el 2009 a 2012 de que la exoneración fue distinta a la que hay hoy. Hubo una que duraba 15 años y 10 años y otra que solo duraba cinco años. Las propiedades nuevas de Costa del Este, por ejemplo, solo tienen exoneración de cinco años y no 20 como muchos pensaban.

 

Y con la debida divulgación, el consumidor puede estar pendiente, incluso, de anomalías por parte de empresas promotoras que sacan permiso de ocupación antes de que la propiedad esté terminada, y desde la fecha de ese permiso empieza a regir la exoneración del impuesto.

Decreto 130, ¿revalorización?

Ya planteada la génesis de la actualización, debe quedar claro para el contribuyente que el decreto 130 no es una revalorización catastral, dice la abogada Martha Luna.

 

Y desconocer el tema no nos hace menos vulnerable a la responsabilidad que tenemos de pagar impuestos, esa es la realidad.

 

La Ley señala que hay dos maneras de afectar el valor catastral. Una por avalúos privados específicos o sectoriales y la otra es por una operación de venta que automáticamente al nuevo comprador le da un valor catastral.

 

Las mejoras que afectan el valor son las que le dan consistencia a la vivienda. Son cambios estructurales, una terraza, piscina, baño de visita, ampliar todo. Esos cambios estamos obligados a declararlos, y eso no nace en el decreto 130. Así está dispuesto en el Código Fiscal, y existen, además, multas por la no declaración, y eso también es desconocido por el contribuyente.

 

Hay quienes solicitan la derogación del decreto, el Gobierno insiste en la suspensión mientras se divulga el tema, pero para la experta este es el momento adecuado de analizar una reforma estructural, una vez se empiecen a cruzar la información entre las instituciones. “Le pido al Gobierno una tregua y que haga una revisión para enderezar el tema de la recaudación, pero bajando la tasa de impuesto y revisando la ley”, dijo Martha Luna.

 

A los contribuyentes la abogada les recomienda que vayan voluntariamente a Anati con sus escrituras para ver la información y hagan todo el proceso de revisión de su cuenta en el sistema.

 

El decreto 130 finalmente ponía como obligatorio que el Municipio entregue las informaciones pertinentes a Anati y DGI a final de cada mes. Se supone que parte de esos dineros de la recaudación de impuestos es el que se usa para hacer mejoras en las comunidades.

 

Pero cuando se ve un abuso en el uso de partidas y el uso de los dineros de los contribuyentes, es que el consumidor no siente reciprocidad para pagar y, finalmente, que el decreto sea derogado no cambia la necesidad que hay de realizar una actualización y mejorar el proceso.

 

 

Last modified: 10/08/2017

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