Reacciones a una ley que rompe el paradigma

Written by | Actualidad

Por Hugo Santaromita

hugo.santaromita@grupopauta.net

Los gremios toman posición ante la llegada disruptiva de un anteproyecto de ley, presentada por el MEF, que se antoja ambicioso pero para el cual se hace necesaria la regulación inmediata. Hay acuerdos con diferencias que deberán ser superadas en mesas de trabajo para proceder a su reglamentación.

El Anteproyecto de ley de Fomento de la Modernización y la Competitividad Internacional del Sistema Financiero ha sido bien recibido por los distintos gremios vinculados al sector financiero y de seguros, aunque todos coinciden es la necesidad de regular las actividades de los nuevos actores que entrarán en competencia. Desde la Asociación Bancaria advierten que se trata de un proyecto complejo al cual hay que darle forma lo más rápido posible. “Le damos la bienvenida. La ABP ha trabajado en su concepción, pero el proyecto requiere que se hagan las revisiones y que tenga flexibilidad en el futuro”, comenta Carlos Troestch, presidente de la Asociación Bancaria.

Señala Troestch que es importante concretar las regulaciones para que haya equidad en materia de competencia, y revisar la condición de los nuevos actores, para que éstos se incorporen a la plataforma de transparencia que ya existe en el país y en la que el gremio ha venido trabajando en los últimos cinco años.

A su juicio, sólo una buena regulación evitará que haya sorpresas, para que los nuevos participantes que ingresen al país a levantar fondos, lo hagan debidamente reglamentados. “La plataforma financiera de Panamá debe expandirse para que siga financiando su crecimiento, por eso creemos en la importancia de incorporar nuevos competidores al mercado local”.

Señala que la nueva ley busca, mediante diferentes plataformas, llegar a aquellos sectores que no tienen acceso a productos financieros, a través de la digitalización y las fintech. “Queremos un sector más inclusivo”, destaca.

Por su parte, Roberto Brenes, señala que es normal que los jugadores de un sector productivo tengan una reacción defensiva ante la llegada de un tema disruptivo como el cambio del paradigma tecnológico que plantea el anteproyecto de ley de reforma de productos financieros. “Y aun así, nadie ha dicho que no está de acuerdo, sino que aceptan que hay que moverse en esa dirección”, dice Brenes.

En su opinión, coincide con muchos en que lo más importante es cómo se van a regular los nuevos actores. “Ellos no son bancos, por lo tanto no tienen por qué tener reglas de capital. Para un negocio que no necesita ni ha necesitado capital, le estaríamos poniendo una barrera de entrada con un requisito innecesario”, sostiene Brenes.

Y fue enfático: “Si mañana un banco decidiera lanzar una plataforma de pago y poner una subsidiaria, entonces sería injusto que se le exigiera capital si a otros no se les exige lo mismo. Lo que debe haber es una paridad regulatoria lo más liviana posible para todo el mundo, porque si regulan a uno, hay que regular a todos”.

Lo que la nueva ley busca es ponerle orden a las plataformas de pago, los crowdfunding y los crowd financial. Las criptomonedas, por ejemplo, no entrarían en esa categoría porque, más que plataforma tecnológica son un nuevo instrumento de transacción, y mañana cualquier banco podría incorporar esta modalidad.

En líneas generales, para Brenes, no hay grandes diferencias entre las posiciones ante el anteproyecto. “Lo más recomendable es pasar el proyecto de ley con algunas normas que obliguen a alguna reglamentación en un plazo perentorio, y sacarla de la Asamblea, donde uno sabe lo que entra, pero no sabe lo que sale. De lo contrario, van a pasar tres a cuatro años y se nos va a ir el tren”.

Señala que los bancos chicos, por ejemplo, no tienen capacidad interna para generar soluciones tecnológicas pero que las pueden comprar, se pueden asociar a los desarrolladores de esas nuevas plataformas. Dice que “los ‘peros’ los vamos a resolver en el reglamento. “No veo cómo abrir una discusión en la Asamblea sobre la regla de capital, que si ésta debe ser de un millón, de dos millones o de tres. No están equipados para afrontar este tema”. Señala que lo más importante es introducir la ley lo más cerrada y consensuada posible para que pase lo más intacta que se pueda.

“Si queremos que los buenos inversionistas tengan presencia y visibilidad –dice- entonces díganle cuáles son las reglas para que entren a competir abiertamente como ocurre en el resto de los países. Creemos en una regulación paritaria, no en barreras de entrada. No pongamos una cosa que unos puedan cumplir y otros no, porque si no estaremos creando nuevos monopolios”.

Entre tanto, el ministro Dulcidio de la Guardia sostiene que “el MEF tiene que asegurarse de fomentar la innovación y que nuevas formas de hacer negocios vengan a Panamá”, que haya mayor competencia, pero que también tengamos un marco regulatorio que distinga los estándares entre los actores que participen”.

A su juicio, hay que hilar muy fino para darle forma a la nueva ley. Señala que la ABP ha sido parte fundamental en la concepción del proyecto que moderniza los productos financieros y será el punto de partida para consolidar un sector que esté a la altura de los grandes retos tecnológicos.

“Las fintech están llamadas a protagonizar esta nueva etapa, que, por su propia naturaleza no son bancos, sino servicios de pago a través de medios digitales”, anuncia el ministro, quien señala que estará reuniéndose con la ABP y Panamá Fintech, para establecer mesas de conversación que le permitan llegar a un consenso, “siempre con el objetivo de introducir competencia, innovación y nuevos servicios”.

Considera que el mercado panameño está apto para recibir nuevos actores financieros, que de hecho ya hay dos de ellos en este momento operando sin ningún marco regulatorio. “No podemos ser como el avestruz, sino actuar en beneficio de un marco que reglamente y fomente la competencia, para que se den mejores servicios financieros para la población panameña”.

Por su parte, el sector de los seguros reconoce que el anteproyecto de ley que ha presentado el Ministro de Economía y Finanzas ante la Asamblea Nacional, representa un gran esfuerzo de parte del Órgano Ejecutivo por atraer nuevas figuras que dinamicen al sector, y es importante reconocer ese interés.

Considera Amílcar Córdova, presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) que se trata de un proyecto de una envergadura enorme, sumamente abarcador, y por ello requiere de mucha discusión, lo que no se ha dado en la cantidad o profundidad que el mismo requiere. “Abarca demasiados temas que son de interés estratégico para todo el sector financiero y para el país, por lo que pensamos que conlleva oportunidades, pero también muchos riesgos”, señala.

Por otra parte, dice Córdova, que en la última revisión del GAFI, se hicieron fuertes señalamientos, que incluyen la necesidad de dotar al país de una norma que tipifique la defraudación fiscal como delito, a la par de casi todas las jurisdicciones del hemisferio, y creemos que esa tarea sí merece el impulso decidido del gobierno y de la sociedad civil.

“Algunas de las ideas que contiene el proyecto, y sobre las cuales hemos reiterado nuestra oposición en varias ocasiones, incluye la posibilidad de que la prima de Seguro de Vida pueda ser pagada en especie, es decir, no con moneda circulante (cheque, tarjeta de crédito, por ejemplo), sino con activos de toda clase”.

Destaca el directivo que este tipo de seguro, que en algunas jurisdicciones se utilizó, ha sido muy cuestionado, incluso en algunos países que son considerados como altamente exigentes en materia de controles, por lo que considera que promover su uso, en Panamá, o desde Panamá, representa asumir un riesgo reputacional innecesario para el sector de los seguros.

El proyecto de Ley también sugiere la posibilidad de unificar las entidades reguladoras del sector financiero y le da la tarea de estudiar la posibilidad a un panel ad–hoc dominado por el Ministerio de Economía y Finanzas. “Independientemente de que reconocemos el rol que debe jugar el MEF en ello, el sector asegurador se ha manifestado, por décadas, en contra de esa idea, pues perderíamos la especialización lograda por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, especialmente a partir de la promulgación de la Ley 12 de 2012”, especifica Córdova.

Por último, otro tema en el que no hay consenso con Apadea son los cambios que se pretende a la Ley de Seguros, y que afectan todo el sistema de pago de prima y las causales de nulidad por falta de pago. “Dichos artículos –agrega- han ayudado a resolver un grave problema de morosidad y fraude que existía en el pago de prima y pensamos que más que fortalecer traería un retroceso a nuestra industria”.

Last modified: 04/06/2018

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